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«Rawls y la cláusula del valor equitativo de las libertades políticas* Iñigo González Ricoy Universitat de Barcelona Departament de Filosofia ...»

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Enrahonar 43, 2009 61-82

Rawls y la cláusula del valor equitativo

de las libertades políticas*

Iñigo González Ricoy

Universitat de Barcelona

Departament de Filosofia Teorètica i Pràctica

igonzalez@ub.edu

Resumen

Una de las críticas frecuentes a la justicia como equidad de Rawls es que ésta resulta insuficientemente democrática, puesto que subordina las libertades políticas a un conjunto

de derechos y libertades civiles que sirven de restricciones laterales al proceso mayoritario. Sin embargo, en sus últimos trabajos, Rawls insistió en que las libertades políticas tienen idéntico peso que las civiles y que, además, las primeras gozan de un privilegio del que carecen las segundas: estar protegidas por una cláusula que garantiza su valor equitativo.

La incorporación de la cláusula del valor equitativo de las libertades políticas en su primer principio de justicia permitiría a Rawls responder a una segunda crítica, la que acusa al liberalismo de defender un esquema de libertades meramente formales. E incidentalmente, a una tercera, aquella que afirma que el principio de diferencia no sólo permite grandes desigualdades económicas sino que incluso las incentiva.

En este artículo pretendo mostrar que la cláusula del valor equitativo permite a Rawls (1) escapar las dos primeras críticas, (2) amortiguar la tercera y (3) ofrecer un criterio de distribución de la riqueza alternativo al principio de diferencia (i) léxicamente superior a éste, (ii) más igualitaritarista y (iii) más prometedor en términos de alcanzar un equilibrio reflexivo. Para ello, defino el papel de las libertades políticas en la justicia como equidad y reconstruyo la definición, justificación e implicaciones de la cláusula que protege su valor equitativo.

Palabras clave: John Rawls, libertades políticas, libertades civiles, desigualdades económicas, justicia distributiva.

Abstract. Rawls and the Fair Value of Political Liberties Clause It has been frequently argued that Rawls’s Justice as Fairness denigrates democratic decision-making, as it subordinates political liberties to a set of civil rights and liberties that limit the majority rule. However, at least in his latest works, Rawls claimed that political * Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación HUM2006-03748 del MEC.

Agradezco los comentarios y las sugerencias de un/a evaluador/a anónimo/a de ENRAHONAR.

62 Enrahonar 43, 2009 Iñigo González Ricoy liberties have the same weight as the civil ones. Even more, he claimed that the former are further protected by a especial proviso —explicitly included in his first principle of justice— that guarantees their fair value.

If correct, this proviso would serve as a response to two further criticisms. First, the one that attributes to liberalism the defence of a merely formal set of political liberties and, second, to the argument that attacks Rawls’s Difference Principle not only for allowing large inequalities but also for swelling them.

Little work has been done to study the nature, justification and implications of this proviso. And, when done, it has been said to be not satisfactorily founded. In this paper I shall reconstruct the lost arguments for the proviso and argue that its implications are quite revolutionary for Rawls’s theory of justice. First, because it provides an alternative, lexically prior and more demanding distributive principle to that of the difference principle. Second, because it prevents some of the normative problems attributed to the difference principle. And third, because it enables a path to reach a wider reflective equilibrium.

Key words: John Rawls, political liberties, civil liberties, economic inequalities, distributive justice.

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1. Introducción Los procesos democráticos de toma de decisiones pueden ser evaluados por sus resultados, por su valor intrínseco o por una combinación de ambas cosas.

Así, por una parte, es posible valorar un procedimiento democrático por su capacidad para evitar los conflictos civiles, aumentar el bienestar social o proteger los derechos de los ciudadanos. En el Chile de finales de los años ochenta, por ejemplo, el 59% de los ciudadanos esperaba que la democracia, tras la caída del régimen de Pinochet, atenuara las desigualdades sociales; en Checoslovaquia, el 61% confiaba en que la democracia condujera a la igualdad económica y social; y en Bulgaria, el 88%1.

Quienes, por el contrario, inciden en el valor intrínseco de la democracia, apelan a ciertos derechos y libertades políticos —por ejemplo, la extensión del sufragio, la libertad de expresión política o la accesibilidad de las candidatuPrzeworski (en prensa).

Rawls y la cláusula del valor equitativo de las libertades políticas Enrahonar 43, 2009 63 ras— como conceptual y normativamente irreducibles a los resultados del proceso democrático. En el límite, un instrumentalista puro estaría dispuesto a cancelar las libertades políticas cuando ello pudiese conducir, consideradas todas las cosas, a mejores consecuencias. Algo que un defensor del valor intrínseco de las libertades políticas consideraría inaceptable.

Va de suyo que, al igual que las justificaciones intrínsecas2, las justificaciones instrumentalistas pueden ser muy diversas, dependiendo de la variable a la que se subordine el proceso democrático3.





Pues bien, con frecuencia se ha afirmado que la postura de Rawls sobre la democracia pertenece a estas últimas: considera valiosas las libertades políticas pero está dispuesto a sacrificarlas en los casos en los que el principio mayoritario entre en conflicto con las libertades civiles. En el célebre debate que mantuvieron en el Journal of Philosophy, Habermas, por ejemplo, afirmó que Rawls concede «una prioridad [a] los derechos básicos liberales que deja al proceso democrático en la sombra»4. De manera similar, Roberto Gargarella ha señalado que la posición rawlsiana descansa «en sus intuiciones liberales, antes que

en sus intuiciones democráticas»5. Y Claudio Amor lo ha dejado aún más claro:

«la democracia de Rawls no es otra cosa que la institucionalización de un estatuto no democrático»6.

Sin embargo, en sus últimos trabajos Rawls negó esta acusación sosteniendo que ambas libertades —tanto las civiles como las políticas— «son co-originales y tienen el mismo peso»7. Aún es más, a partir de Rawls (1993), las libertades políticas gozarán —dentro de la formulación del primer principio de justicia— de un privilegio del que carecen las civiles: el estar protegidas por una cláusula explícita que protege su valor equitativo. Mi objetivo en este artículo es analizar el papel de las libertades políticas en la justicia como equidad y la definición, justificación e implicaciones de la cláusula del valor equitativo (CVE) que introduce Rawls para protegerlas.

Procedo de la siguiente manera. En la sección 2 presento la definición de las libertades políticas en el interior del primer principio de justicia y su peso en comparación con las libertades civiles. Para ello, defino las libertades políticas y la distinción con las civiles en el interior del primer principio (2.1) y la crítica de Habermas al déficit democrático de la justicia como equidad, así como las réplicas de Rawls (2.2 y 2.3). En la sección 3 presento la crítica de Marx al mero formalismo de las libertades políticas (3.1), el argumento que conduce desde la crítica hasta la CVE (3.2) y las razones que presenta Rawls para justificar la cláusula normativamente (3.3). En la sección 4, por último, muestro las implicaciones de la CVE. Como trataré de mostrar, ésta ofrece un cri

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terio complementario al principio de diferencia, distributivamente más exigente, léxicamente superior y más prometedor en términos de alcanzar un equilibrio reflexivo. Manos a la obra.

2. La justificación y el estatus de las libertades políticas

2.1. Libertades civiles y políticas Comienzo por el primer principio de justicia, de acuerdo con su formulación

original en Rawls8:

Principio de libertad (PL): cada persona posee un derecho igual al sistema total más extenso de libertades básicas iguales compatible con un sistema similar de libertad para todos.

Este primer principio es léxicamente prioritario a un segundo principio, que establece que las desigualdades económicas y sociales son justas cuando satisfacen dos condiciones —a su vez, léxicamente ordenadas de abajo arriba—: primero, benefician a los menos aventajados, de acuerdo con un principio de ahorro justo (principio de diferencia) y, segundo, están unidas a cargos y funciones asequibles a todos, en condiciones de justa igualdad de oportunidades (principio de igualdad equitativa de oportunidades)9.

No entro aquí en la justificación de la prioridad léxica de las libertades básicas, ni en los problemas que presenta la referencia al «sistema total más extenso de libertades», posteriormente modificada por la de «esquema plenamente adecuado»10. Por otra parte, tampoco entro hasta la próxima sección en la CVE. Por el momento me interesa centrarme en el índice de derechos y de libertades básicos que incluye Rawls en el PL y en definir el papel de las

libertades políticas en dicho índice. Rawls distingue entre cuatro tipos de libertades y derechos básicos:

A. La libertad de conciencia y de asociación.

B. La integridad y libertad personales.

C. Los derechos y libertades protegidos por el imperio de la ley.

D. Las libertades políticas.

8. Rawls (1971), p. 302.

9. La ordenación lexicográfica de los principios se mantiene exclusivamente en lo que Rawls denomina como la «concepción especial» de la justicia. En la «concepción general», en cambio, todos los bienes primarios protegidos por los dos principios se distribuirían de un modo igual, siguiendo el criterio maximin de beneficiar a los menos aventajados (1971: 303). Dado que, por razones que no vienen al caso, posteriormente Rawls abandona la distinción entre concepción especial y general, aquí asumo la ordenación lexicográfica de los principios.

10. Rawls (1982), p. 5; (1993), p. 35; (1999), p. 73. Para estas dos cuestiones, cf. Hart (1973) y la réplica de Rawls (1982).

Rawls y la cláusula del valor equitativo de las libertades políticas Enrahonar 43, 2009 65 Estas últimas incluyen, entre otros, el derecho de voto y participación política, el derecho de expresión y manifestación políticas, el derecho de asamblea y reunión políticas, el derecho de crítica al gobierno y el derecho de formación y militancia en organizaciones políticas. Y están dirigidas a satisfacer el «principio de (igual) participación»11, según el cual los ciudadanos ostentan el derecho a participar en pie de igualdad en los asuntos políticos. Según Rawls, cuando el principio de participación se cumple, «todos tienen el mismo estatus de ciudadanía»12.

Pues bien, como el propio Rawls indica, las libertades recogidas en (A)(C) caerían dentro de lo que Constant (1819) denominó como «libertades de los modernos» y las recogidas en (D) dentro de las «libertades de los antiguos»13.

Sin embargo, en lo que sigue me referiré a libertades civiles y libertades políticas, respectivamente. Por dos motivos.

Primero, porque no está nada claro que la misma distinción de Constant se sostenga históricamente14. Y segundo, porque si bien es cierto que las libertades básicas de Rawls caen bajo las categorías de Constant, es igualmente cierto que no las agotan. Por ejemplo, las «libertades de los modernos» de Constant incluyen, entre otros, los derechos de propiedad y de libre contrato y Rawls, en cambio, los excluye explícitamente de su batería de derechos y libertades básicos: «el derecho a la propiedad de uno mismo y la libertad de contrato tal como son entendidas por la doctrina del laissez-faire no son básicos: no están protegidos por la prioridad del primer principio»15.

El primer principio incluiría, pues, todos los derechos y libertades recogidos en (A)-(D), y sólo ellos.

Dicho esto, supongamos que aceptamos el orden léxico que prioriza estas libertades y derechos sobre otros bienes primarios, como las oportunidades y las prerrogativas sociales o la renta. Y supongamos, además, que aceptamos la distinción analítica entre libertades políticas y libertades civiles a la hora de clasificar nuestro índice de derechos y libertades básicos. Surge entonces la cuestión de cómo organizar internamente el primer principio a fin de poder resolver léxicamente las situaciones en las que las primeras libertades y las segundas entran en conflicto. ¿Deberemos dar prioridad a las primeras, convirtiéndolas en «cotos vedados» al proceso legislativo? ¿O deberemos priorizar las segundas, dando preferencia al autogobierno colectivo por encima de los derechos civiles?

Ahora bien, esta cuestión sólo se presenta si previamente aceptamos que unas y otras libertades son conceptualmente independientes. Obviamente, ésta era la idea de Constant. Y otro tanto ocurre con Isaiah Berlin, para

11. Rawls (1971), p. 221.

12. Ibídem, p. 226.

13. Rawls (1982), p. 13.

14. Lo cual, como es obvio, no desacreditaría su eventual validez analítica. Para una crítica a su validez histórica, cf. de Francisco (2007) y Domènech (2004: §5).

15. Rawls (1974), p. 239.

66 Enrahonar 43, 2009 Iñigo González Ricoy quien «no hay una conexión necesaria entre la libertad individual y el autogobierno»16.



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